13 de los 14 miembros del Consejo de Ministros, acusados de corrupción, engaño, nepotismo y negligencias graves (I)

En el Consejo de Ministros se sientan cada viernes 14 personas y 13 de ellas han sido acusadas públicamente y con pruebas de corrupción, engaño, nepotismo y negligencias graves, sin que hasta ahora haya dimitido o cesado nadie. Aunque Mariano Rajoy prometió que su gabinete lo conformarían políticos que hubiesen acreditado su “mérito” y “esfuerzo”, el “curriculum” de los dos primeros años de Gobierno evidencia que los méritos y la tenacidad han sido otros y no eran precisamente los que los ciudadanos esperaban. Y se da una paradoja: el único ministro que hasta ahora no ha sido denunciado por corrupción es el que peor valoración ciudadana recoge en las encuestas por su gestión: José Ignacio Wert. Estas son las “hojas de servicios” del actual Gobierno que jamás revelarán los medios de comunicación cuando las próximas semanas comiencen a “bombardear” a la opinión pública con el balance de los dos primeros años de gestión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que comenzamos a evaluar por los dos inquilinos del Palacio de la Moncloa:


Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Su actividad privada como registrador de la propiedad ha sido denunciada por fraude en numerosas ocasiones. Rajoy solo ha ejercido 2 años de los últimos 32 pero nunca ha pedido la excendencia. Su expediente ha sido calificado como “secreto de Estado” y ha sido escondido en un “archivo de seguridad” dentro de la Administración, en un acto de dudosa legalidad, para que nadie pueda tener acceso a él.
El periodista Miguel Angel Anguilar fue objeto de una grosera censura en “El País” por formular una docena de preguntas sobre su actividad como registrador, en cuyo contenido daba a entender que el presidente del Gobierno estaba infringiendo la ley. Nunca fueron contestadas. También el diputado de IU, Gaspar Llamazares, denunció la situación en el Congreso y los periódicos Atlántica XXII, La República.es e Infolibre lo investigaron a fondo y lo acusaron de graves irregularidades. Se hizo el sordo.
Rajoy ha sido también acusado de modificar el estatus legal de los registradores durante su mandato para enriquecerlos, encargo que previamente confió a su propio hermano Enrique Rajoy, con quien forma un “clan” en el que participan los otros dos hermanos Luis y Mercedes, casada con el eurodiputado del PP, Francisco Millán Mon, a quien el ministro García Margallo le debe el puesto. Y además un libro le señaló como un político que llevaba doble vida y había hecho de la hipocresía una forma de vivir. En Estados Unidos o Inglaterra, una mentira vital de tal calibre se hubiera llevado por delante su carrera política, pues en la cultura anglosajona de origen protestante los ciudadanos piensan que cuando alguien miente tan descaradamente en su vida privada posiblemente lo haga también en la vida pública, como ocurrió en los casos del político británico Michael Portillo o del general norteamericano David Petraeus.

“Caso del registrador Rajoy”:
Denuncia de Atlántica XXI
Denuncia de Gaspar Llamazares
Denuncia sobre trato de favor a los registradores
Denuncia por utilizar a su hermano
Denuncia de Info Libre
Denuncia de La República
El clan de los Rajoy
Censuras a un periodista por preguntar sobre el regsitrador Rajoy
“El País” se pliega a la voluntad del registrador Mariano Rajoy
Eco de la censura de “El País” para salvaguardar a Rajoy



Soraya Sáenz de Santamaría, ministra de la Presidencia, vicepresidenta y portavoz. “Espía en el Congreso” reveló que la vicepresidenta había suscrito un contrato ginecológico para ella y sus 700 funcionarias por valor de 40.000 euros, gastándose además en trajes para sus empleados 250.000 euros, en plantas 175.000 euros y en prensa 163.000 euros, además de una millonaria reforma de su cafetería. Un escándalo así, en un país colapsado económicamente con 6 millones de parados, 2 millones de exiliados laborales y 1 millón de niños malnutridos, hubiese originado la dimisión o el cese fulminante. En España, tras 40 días donde la prensa silenció la denuncia, fue finalmente aireada por un concejal del BNG, Xaquín Charlín, que aprovechó la dilapidación de fondos públicos para llamar a Soraya “chochito de oro”. Como en una película de Berlanga, quien anunció su dimisión fue el concejal y no la ministra.
Los contratos de la ministra Soraya: así tira el dinero público
La falsa polémica del “chochito de oro”

fuente: UN ESPIA EN EL CONGRESO